Reformar y fortalecer el sistema de justicia: clave para vencer la corrupción

Pedro Cano

 

Santiago.-  El doctor Eduardo Vega Luna, ex Defensor del Pueblo de Perú y expresidente de la Comisión Presidencial de Integridad, resaltó la importancia de las movilizaciones ciudadanas en la República Dominicana como un aspecto esencial para poner fin a la corrupción e impunidad.

 

Dict{ó la conferencia “La Corrupción de Odebrecht, Propuestas para Enfrentarla”, efectuada en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, organizada por el Centro Bonó, CEFASA, Somos Pueblo, Masada, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Centro Juan XXIII y el Comité de Santiago por el Fin de la Impunidad.

 

Para los presentes el gran reto consiste en un desempeño independiente, imparcial y soberano del poder judicial, del Ministerio Público y de las agencias de control y fiscalización de las cuentas públicas. 

 

Los organizadores ven como una gran preocupación “la complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos de corrupción, sobrevaluación y sobornos, como son los casos de Odebrecht, los tucanos, la Sun Land, OISOE, Punta Catalina, entre otros, con los que se financiaron las campañas electorales y se acumularon gigantescas riquezas para unos pocos”.

 

Eduardo Vega Luna, dijo que es una prioridad alcanzar al menos cinco objetivos: la máxima transparencia del Estado, el cambio del régimen de contrataciones públicas, la reforma del Sistema Político, el Sistema de Justicia e instaurar la cultura de integridad. 

 

Además, transparentar el sistema de contrataciones del Estado, haciendo público todo lo que tenga que ver con los contratos del Estado, los procesos de licitación, negociación, cubicación, pagos y adoptar medidas extraordinarias para evitar la corrupción en las obras de infraestructura, fortalecer la autonomía político-administrativa de los organismos reguladores, así como promover la denuncia y proteger al denunciante de actos de corrupción. 

 

Se plantearon una serie de medidas que se deben adoptar para instaurar la máxima transparencia en el Estado, incluyendo fortalecer el servicio civil, la integridad y la ética del sector público; eliminar las prácticas y la cultura que propician el tráfico de influencias, obligando a los funcionarios a la declaración pública no solo del patrimonio sino, también, de sus intereses y los de sus relacionados.

 

También, impedir el ingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Durante la charla, se propuso como medida ejemplar adoptar el “voto de confianza” para evaluar a los funcionarios públicos, que otorga la facultad de destituirlos o apartarlos del ejercicio público para quienes se vean envueltos en casos de corrupción.

 

Entre las conclusiones se destacaron el fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado, la obligatoriedad de la declaración de bienes de las personas políticamente expuestas, una mayor democracia en los partidos políticos, que el financiamiento no tenga donaciones anónimas y las sanciones efectivas tanto a los corruptos como a los corruptores. 

 

Igualmente, se consideró necesario para mayor garantía y transparencia que todos los contratos tengan dentro de su cuerpo expositivo una cláusula anticorrupción.